Viernes, 19 Enero 2018
                   
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Decreto de Necesidad y Urgencia

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Participan los ministros de Modernización, Andrés Ibarra; Producción, Francisco Cabrera; Transporte, Guillermo Dietrich; y el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso.

El Gobierno anunciará en las próximas horas "una revolucionaria Reforma del Derecho Administrativo", según revelaron fuentes cercanas a uno de los ministerios que trabaja desde hace meses sobre el tema. El proyecto  buscará eliminar la burocracia estatal y modificar los sistemas de contratación del Estado, en particular de la obra pública, para atraer más inversiones en los últimos años. "Es para desburocratizar y desregular más al Estado y atraer inversiones", manifestaron fuentes cercanas al Gobierno

Todo esto estará monitoreado por el secretario de Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, Pablo Clusellas, y el Procurador de la Nación, Bernardo Saravia Frías.

De acuerdo a lo que se pudo saber, no hará falta una ley aprobada desde el Congreso de la Nación porque antes del viernes próximo se publicaría en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia que, en principio,  derogará la Ley de Procedimiento Administrativo que fue reglamentada en el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, en abril de 1972, y también modificará la llamada "Ley Dromi", aprobada por el menemismo, a principios de los 90.

Desde el Gobierno sostienen que con un nuevo proceso administrativo la Argentina podría atraer más inversiones extranjeras directas, con contratos más ágiles y una simplificación de los procedimientos legales del Estado.

A través de esto también se pondrían topes a los montos de la llamada "mafia del juicio contra el Estado por parte de trabajadores y contratistas. El DNU plateará un cambio con respecto a los montos que tiene que pagar el Estado a los abogados que litigan en causas en las que está involucrado.

También incluirá la desregulación del régimen de contrataciones de la Administración de Bienes del Estado, una de las grandes novedades es que habrá un nuevo marco operatorio para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, y modificaciones con respecto a las licitaciones de la obra pública.

Además incluirá distintas reglas normativas sobre la ampliación de los alcances de la firma digital, la habilitación de puertos, la creación de un Fondo Fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor y la regulación de la circulación de obras de arte. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) pasaría a ser una sociedad del Estado para desregular el mercado de la aeronavegación.

El Fondo de Garantías de la Pequeña y Mediana Empresa será reemplazado por el Fondo de Garantía Argentino. Podría haber también una modificación en la estructura de la Unidad de Información Financiera (UIF) que está a cargo de la investigación del lavado de activos.

Todos estos cambios están relacionados con la intención del Gobierno de entrar como miembro a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un organismo integrado por 35 países. "La OCDE ya le solicitó al Gobierno varias reformas para instrumentar y una de ellas es que tengamos una administración pública más eficaz y transparente" manifestó una fuente oficial.

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